El juez Juan Carlos Peinado ha intentado matizar sus polémicas declaraciones sobre los escoltas de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez. En un informe remitido a la Audiencia Provincial de Madrid, el instructor asegura que no pretendía «ofender o menospreciar» a los agentes cuando sugirió que podrían colaborar en una eventual fuga de la investigada, aunque insiste en que existen miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que no cumplen la ley.
El magistrado rebaja ahora su afirmación inicial a una «mera hipótesis», sin retirarla del todo. En el auto de apertura de juicio oral, Peinado sostuvo que los policías podían facilitar una fuga «bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos», unas palabras que desataron una tormenta institucional con el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y el propio Consejo General del Poder Judicial, que le ha abierto expediente informativo.
Defensa de la retirada del pasaporte
El juez defiende ante la Audiencia las medidas cautelares impuestas el pasado 20 de junio a Begoña Gómez: retirada del pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias apud acta dos veces al mes. La defensa de la investigada, encabezada por el exministro socialista Antonio Camacho, había recurrido estas medidas argumentando que la protección policial hace casi imposible cualquier salida no controlada.
Peinado replica que la misión de los escoltas es proteger a Gómez frente a terceros, no fiscalizar sus movimientos para asegurar su sometimiento al proceso penal. El instructor argumenta que la presencia de guardaespaldas no elimina por completo el riesgo de fuga y que las medidas cautelares son proporcionadas dada la gravedad de los delitos atribuidos.
Referencia a un caso italiano sin nombrarlo
Para reforzar su posición, el juez introduce un precedente internacional. Sin citar su nombre, alude al exprimer ministro italiano socialista Bettino Craxi, huido a Túnez en los años noventa tras verse envuelto en procedimientos por corrupción. «No sería la primera ocasión en la que un presidente del Gobierno de un Estado Miembro de la Unión Europea se fuga ante un procedimiento de una trama de corrupción, quien sin duda dispondría de toda la escolta oportuna», afirma.
Nueva polémica sobre las Fuerzas de Seguridad
A pesar de intentar disculparse, Peinado vuelve a generar controversia. El magistrado sostiene que existe «la posibilidad de que haya elementos individuales que no cumplen adecuadamente con sus obligaciones», y justifica esta afirmación señalando que para eso existe la Unidad de Asuntos Internos, creada precisamente para investigar esas conductas. También menciona que hay procedimientos en curso contra funcionarios «de diferente escala o categoría».
El juez combina esta afirmación con una defensa de los escoltas, asegurando que conoce la labor que «realizan de forma abnegada» y «careciendo de los medios idóneos», tras compartir «muchos años de actividad profesional» con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Begoña Gómez está enviada a juicio oral por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación en la causa sobre la cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense, el software Transforma TSC, su sociedad privada y las gestiones realizadas desde Moncloa por Cristina Álvarez, asesora de Presidencia que también enfrenta las mismas medidas cautelares.
Fuente: El Correo · Esta información ha sido elaborada por la redacción de El Puente Las Arenas con apoyo de herramientas editoriales automatizadas.